Cristiano Ronaldo y el delito fiscal. Bueno, bonito y barato

Con la sentenza n. 53 del 22 gennaio 2019, la Corte provinciale di Madrid ha condannato Cristiano Ronaldo per la commissione di quattro delitti tributari. La pena della reclusione è stata sostituita con quella della multa. Questo contributo riassume i fatti provati e analizza criticamente la loro qualificazione giuridica, le pene imposte e la loro relazione con la funzione preventiva del diritto penale

1. El lunes 21 de enero de 2019 la prensa anunciaba que al día siguiente Cristiano Ronaldo acudiría a la Audiencia Provincial de Madrid, para ratificar su conformidad con la acusación formulada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en relación con la comisión de 4 delitos fiscales que, en su conjunto, suponían una defraudación de 5.715.174,12 euros. La mayoría de periódicos adelantaban que la condena a 2 años de prisión no supondría el ingreso del futbolista en un centro penitenciario. También se informaba de que el Tribunal le había denegado la petición de declarar por videoconferencia y la de acceder al edificio por el garaje, para poder esquivar así a la prensa. Los periódicos del martes 22 de enero y el resto de los medios de comunicación mostraban a Cristiano Ronaldo acompañado de su novia e intentando disimular su disgusto al acceder al edificio judicial.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sec. 17) 53/2019, de 22 de enero, declara probado que el 21 de junio de 2009 el acusado suscribió un contrato de trabajo con el Real Madrid Club de Fútbol. Poco después adquirió la condición de residente fiscal en España. Posteriormente optó expresamente por el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados al territorio español, en virtud del cual únicamente se encontrarían grabadas en España las rentas obtenidas en territorio español, por las cuales se tributaría al tipo del 24% en el ejercicio 2011 y al tipo del 24,75% en los ejercicios 2012 a 2014.

Unos meses antes, el 12 de diciembre de 2008, después de que el Real Madrid confirmara al acusado la aceptación de las condiciones fijadas, con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito cuando llegara a España, C. Ronaldo simuló ceder la totalidad de sus derechos de imagen a la sociedad Tollin Asssociates Ltd,, de la que él era socio único y domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, consideradas un paraíso fiscal. Como contraprestación, dicha sociedad debía abonarle todos los ingresos percibidos, tras deducir 20.000 euros y los gastos derivados de la supuesta gestión de los derechos de imagen. A su vez, Tollin Associates Ltd. cedió la explotación de los derechos de imagen del acusado a otra sociedad, domiciliada en Irlanda y que era la que realmente se dedicó a gestionarlos y explotarlos. La única finalidad de la cesión previa era la interposición de una pantalla para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de España la totalidad de los ingresos obtenidos por el acusado por la explotación de su imagen. Como consecuencia de haber declarado unas rentas inferiores a las reales y de haber calificado como rendimientos del capital mobiliario los obtenidos del antes aludido contrato simulado de cesión de derechos de imagen, el acusado originó a la Hacienda Pública española un perjuicio de 1.134.495,71 euros en 2011, 1.348.707,47 euros en 2012, 2.663.491,40 euros en 2013 y 568.479,54 euros en 2014.

Los hechos que la sentencia declara probados son muy parecidos a los que se recogen en la denuncia que la Fiscalía General del Estado presentó el 13 de junio de 2017, después de recibir el informe remitido por la Unidad Central de Coordinación de Delitos contra la Hacienda Pública de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. La principal diferencia entre los hechos descritos en la denuncia y los que se han declarado probados está en las cuotas defraudadas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que han pasado de un total de 14.768.897,4 euros a un total de 5.715.174,12 euros, debiendo también destacarse que, en un primer momento, la Fiscalía y la Agencia Tributaria consideraron que en todos los ejercicios la cuota defraudada era muy superior a los 600.000 euros. Además, la sentencia añade que, en virtud de un Acuerdo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de 5 de diciembre de 2017, se practicó retención cautelar sobre una devolución reconocida por la citada Agencia por importe de 16.762,42 euros, en pago de la deuda tributaria generada como consecuencia de los hechos antes descritos. Pero no fue hasta el 13 de julio de 2018 cuando el acusado ingresó 5.698.411,70 euros en pago de la cantidad adeudada y 1.090.632,41 euros en pago de los intereses de demora, satisfaciendo así íntegramente las cantidades debidas como consecuencia de los hechos enjuiciados.

La sentencia condena a Cristiano Ronaldo como autor de 4 delitos contra la Hacienda Pública, previstos en los arts. 305 y 305 bis.1.a) CP, con la atenuante muy cualificada de reparación del daño prevista en el art. 21.5 CP. Por el delito correspondiente al ejercicio del año 2011 se impone una pena de prisión de 6 meses y una multa que corresponde al 50% de lo defraudado, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 mes en caso de impago; por el delito correspondiente al ejercicio del año 2012 se impone una pena de prisión de 6 meses y 15 días, y una multa que corresponde al 60% de lo defraudado, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 mes en caso de impago; por el delito correspondiente al ejercicio del año 2013 se impone una pena de prisión de 6 meses y una multa que corresponde al 60% de lo defraudado, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 mes en caso de impago; y por el delito correspondiente al ejercicio del año 2014 se impone una pena de prisión de 5 meses y una multa que corresponde al 40% de lo defraudado, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 mes en caso de impago. En la propia sentencia se acuerda la sustitución de las penas de prisión impuestas por una pena de multa de 48 meses, con una cuota diaria de 250 euros, de modo que la cantidad total a pagar por este concepto asciende a 360.000 euros.

 

2. En relación con la calificación jurídica de los hechos, basta aquí con recordar que la Ley Orgánica (LO) 7/2012, de 27 de diciembre, modificó el art. 305 CP e introdujo el art. 305 bis CP. Mientras que el tipo básico previsto en el art. 305 CP establece una pena de prisión de 1 a 5 años, y multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada, para la modalidad agravada que ahora se regula en el art. 305 bis está prevista una pena de prisión de 2 a 6 años, y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada. Esta modalidad agravada exige que la defraudación se cometa “concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros. [./.] b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. [./.] c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o el patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito”. Aquella reforma del delito fiscal mantuvo la exención de la responsabilidad criminal cuando la situación tributaria se hubiera regularizado en los términos del apartado 4 del art. 305 CP, esto es, “cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de las diligencias”. En relación con las consecuencias penales derivadas de la comisión de un delito fiscal, la principal novedad se recoge en el ap. 6º del art. 305 CP: “Los jueces y tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito”.

En el caso que estamos comentado aquí, la disminución de la pena en uno o dos grados, respecto de la prevista en los arts. 305 y 305 bis CP, se justifica en la sentencia remitiendo a lo dispuesto en los arts. 21.5 y 66.1, reglas 1ª y 2ª CP. El art. 21.5 CP dispone: “Son circunstancias atenuantes: (…) 5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral”. De acuerdo con el art. 66.1: “En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas: 1.ª Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito. 2.ª Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes”. Teniendo en cuenta las cantidades defraudadas y el momento en el que el acusado terminó de satisfacer las cantidades debidas, una interpretación teleológica y sistemática de los preceptos indicados, y teniendo también presente que el art. 52 CP dispone que la cuantía de la multa proporcional se determinará considerando “principalmente la situación económica del culpable”, parece obligado concluir que las penas impuestas a Cristiano Ronaldo son extraordinariamente generosas. Además, parece oportuno preguntarse qué sentido tiene lo dispuesto en el art. 305.6 CP si esta regulación no se concibe como una ley especial, que desplaza la atenuante genérica del art. 21.5 CP y excluye su aplicación.

 

3. De acuerdo también con la petición formulada por las acusaciones, la sentencia decide sustituir las penas de prisión (que suman 24 meses) por una multa de 48 meses, con una cuota diaria de 250 euros. Al respecto, es oportuno recordar que la regulación sobre la conformidad del acusado prevista en el art. 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal distingue entre, por un lado, el contenido de la sentencia relativo a los hechos probados, su calificación jurídica y la pena impuesta y, por otro lado, la decisión sobre la suspensión o la sustitución de aquella; el legislador no prevé que también el acuerdo alcanzado por las partes en relación con este extremo sea vinculante para el Juez o Tribunal.

Aunque no se diga expresamente, aquella sustitución es la que (antes de su reforma mediante la LO 1/2015, de 30 marzo) regulaba el art. 88 CP en relación con las penas de prisión que no exceden de 1 año y, excepcionalmente, de 2 años, impuestas a reos no habituales, según lo dispuesto al respecto en el art. 94 CP. Como antes de aquella reforma, el legislador español sigue permitiendo que el Juez o Tribunal acuerde la suspensión de la ejecución cuando la pena o penas impuestas, o la suma de las impuestas, no sea superior a 2 años y concurren el resto de los requisitos previstos en los arts. 80 y 81 CP. En estos casos, sigue siendo posible que el mantenimiento de la suspensión se condicione, exclusivamente, a que el reo no delinca durante el plazo de suspensión; en cambio, ahora la extensión de la multa “no podrá ser superior a la que resultase de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración” (art. 84.1 CP) y el pago de la multa no basta para extinguir la responsabilidad criminal. Cuando en 1995 el nuevo Código penal introdujo el sistema de días multa, estableció en el art. 50.4 CP que la cuota diaria sería de un mínimo de 200 y un máximo de 50.000 pesetas, y se fijaría “teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales”. A pesar de que la equivalencia era de 1 euro por cada 166,386 pesetas, tras la introducción de aquella moneda la cuota diaria de la multa se fijó en un mínimo de 2 y un máximo de 400 euros.

La decisión de suspender la ejecución de la pena y, también, la cuantía de la cuota diaria de la multa sustitutiva son una buena muestra de lo que puede considerarse la práctica habitual de nuestros tribunales. Y debe añadirse que también un sector importante de la doctrina apoyaba y sigue apoyando una interpretación de la regulación sobre la suspensión de la ejecución de la pena que conduce a decisiones como la aquí comentada, basadas en la tesis de que la suspensión debe acordarse siempre que concurran los requisitos previstos por el legislador y la ejecución no sea necesaria para evitar que el penado vuelva a delinquir. En estos casos, para satisfacer la función preventiva general del Derecho penal se considera suficiente la imposición de la pena de prisión y, si fuera necesario, sustituirla total o parcialmente por una pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad.

Como decíamos, la concesión de la suspensión cuando concurren los requisitos fijados por el legislador y la ejecución de la pena no parece necesaria para evitar que el condenado cometa nuevos delitos, puede considerarse también el criterio dominante en nuestra jurisprudencia. En este sentido, podemos citar aquí, por ejemplo, el “caso Montserrat Caballé” (sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 13, de 15 diciembre 2015, que le condena por 1 delito fiscal y acuerda suspender la ejecución de la pena), el “caso Carceller” (sentencia de la Audiencia Nacional [sec. 4] 33/2016, de 12 septiembre, que condena a D. Carceller Coll por 13 delitos fiscales, ascendiendo la cuota defraudada a un total de 24.680.064,88 euros, y sustituyó las penas de prisión por penas de multa), el “caso Emilio Cuatrecasas” (que en 2015 fue condenado por 8 delitos fiscales), el “caso Mascherano” (Auto Audiencia Provincial Barcelona [sec. 8] de 4 febrero 2016, que suspende la ejecución de las penas de prisión derivadas de la condena por 2 delitos fiscales), el “caso Messi” (Auto Audiencia Provincial Barcelona [sec. 8] 6 julio 2017, que sustituye por multa las penas de prisión derivadas de la condena por 3 delitos fiscales) o el “caso Mercurio/Montcada” (Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 julio de 2016, que suspende la pena de prisión impuesta por un delito de tráfico de influencias). Sin embargo, debe destacarse que existen ya diversas resoluciones judiciales, relacionadas con condenas por delitos vinculados a la corrupción pública y, también, alguna relacionada con la actuación de funcionarios policiales, que se apartan de aquella concepción y otorgan un mayor protagonismo a las consecuencias que la decisión sobre la suspensión de la ejecución de la pena despliega desde el punto de vista de la función preventiva general del Derecho penal. En este sentido, puede mencionarse, a modo de ejemplo, la decisión adoptada recientemente en el “caso Oriol Pujol” (Auto Audiencia Provincial Barcelona [sec. 20, en funciones de Tribunal del Jurado] de 8 enero 2019), que denegó la sustitución y la suspensión de la ejecución de una pena de 5 meses de prisión (impuesta por un delito de tráfico de influencias), una pena de 8 meses de prisión (impuesta por un delito continuado de cohecho) y una pena de 1 año y 5 meses de prisión (impuesta por un delito continuado de falsedad en documento mercantil).

Por mi parte, con argumentos que no puedo desarrollar aquí, en diversos trabajos he sostenido que, cuando concurren los requisitos exigidos por el legislador para poder acordar la suspensión, debe valorarse la eficacia preventiva general y especial de las distintas opciones y elegir aquella que sea más eficaz desde un punto de vista preventivo global: la que ofrezca el mejor “saldo preventivo global”, siempre que no se infrinja así el principio de proporcionalidad, algo excepcional cuando la pena de prisión o la suma de las impuestas es superior a 1 año.  Por lo tanto, la ejecución de la pena estará justificada siempre que sea la alternativa más eficaz desde un punto de vista preventivo global y no infrinja el principio de proporcionalidad. Esta tesis conduce a denegar la suspensión de la ejecución de las penas impuestas a Cristiano Ronaldo, al ser esta opción la más eficaz desde el punto de vista de la prevención general (intimidatoria y, también, positiva), sin que quepa esperar que el ingreso en prisión despliegue efectos criminógenos y sin perjuicio de que, de acuerdo con lo previsto en la legislación penitenciaria, el penado pueda ser clasificado en el tercer grado de cumplimiento y/o disfrutar de permisos. En este sentido, nótese que la generosa estimación de la atenuante genérica de reparación del daño como muy cualificada, sumada a la importante reducción de la pena de multa proporcional y de la pena de prisión que se deriva de ello, que se añade a la ridícula cuantía de la cuota de la multa sustitutiva, impiden que la cuantía total de la multa alcance, ni siquiera, el tanto de la cuantía defraudada, siendo por ello muy moderada su eficacia preventiva. La generosidad de las acusaciones y del Tribunal impide que la pena de multa refuerce significativamente el efecto preventivo que produce el propio enjuiciamiento de los hechos y el pronunciamiento de una sentencia condenatoria. 

Más uniformidad en la jurisprudencia y rechazo en la doctrina científica puede considerarse que existe en relación con la determinación de la cuantía de las cuotas de la multa, cuando ésta se impone con arreglo al sistema de días multa. La ausencia de un mínimo esfuerzo por esclarecer las circunstancias personales del penado a las que alude el art. 50.5 CP, conduce a que esté muy extendida la práctica consistente en fijar cuantías que oscilan entre los 6 y los 10 euros, salvo cuando queda acreditado que el penado se encuentra en una situación de indigencia o cuando, como resultado de las diligencias practicadas para el esclarecimiento de los hechos delictivos, puede considerarse directa o indiciariamente acreditado que el penado tiene una capacidad económica significativa, que justifica que la cuantía de las cuotas de la multa sea superior. Con carácter puramente ejemplificativo, podemos citar aquí la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 362/2014, de 25 abril, que impuso una multa con una cuota diaria de 50 euros a un magistrado condenado por delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abuso en el ejercicio de la función; la STS 15/2013, de 11 octubre, que impuso una multa con una cuota diaria de 15 euros a una magistrada condenada por prevaricación; la STS 963/2006, de 2 octubre, que impuso una multa con una cuota diaria de 20 euros a un senador condenado por el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, pese a que el Ministerio Fiscal solicitaba que se fijara en 100 euros; la sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 31 de Madrid 45/14, de 14 junio, que impuso una multa con una cuota diaria de 12 euros a un magistrado del Tribunal Constitucional condenado también por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas; la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 13 marzo 2017, que condenó por un delito de desobediencia a quien fue Presidente de la Generalitat de Catalunya, fijando en 100 euros la cuota de la pena de multa; o la sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 27 de Barcelona de 26 noviembre 2018, que impuso al futbolista Gerard Piqué una multa con una cuota diaria de 200 euros por la comisión del delito contra la seguridad vial previsto en el art. 384.1 CP. La cuantía de las cuotas de la multa sí alcanzó los 400 euros en el “caso Carceller” y el “caso Messi”.

En el supuesto que comentamos ahora parece evidente que la situación económica del penado es muy superior a la de la mayoría de ciudadanos. Así se deduce ya de las cantidades defraudadas. Por ello, sólo puede criticarse que, a la generosidad de las penas impuestas y de la decisión de sustituir las penas de prisión por multa, se sume el hecho de que la cuantía de la cuota diaria de las multas sea muy inferior al límite máximo previsto por el legislador.

Supuestos como el que aquí comentamos, y las reflexiones recogidas en los párrafos anteriores, obligan a preguntarnos si está justificado renunciar a la imposición y ejecución de penas de prisión y/o multas más elevadas, cuando esa respuesta más severa es más eficaz desde un punto de vista preventivo, es perfectamente compatible con la regulación vigente y, además, respeta escrupulosamente los principios de proporcionalidad e igualdad, así como el resto de las garantías que definen el Derecho penal de un Estado social y democrático de Derecho. Como el amable lector ya habrá adivinado, me parece que esa renuncia no está justificada. A la larga, lo barato sale caro.