Publicado el Informe de la Agencia de la Unión Europea (FRA)
TJUE, Gran Sala, Sentencia de 2 de febrero de 2021, C-489/19, D.B. v. CONSOB
Un análisis comparativo del procedimiento previo al juicio en Europa: la búsqueda de un modelo ideal
Libro editado por Edward Johnston, Rahime Erbaş y Dan Jasınskı, Istanbul University Press, 2020
El derecho a guardar silencio ha siempre desempeñado un rol central al momento de medir el nivel de protección garantizado a las personas acusadas en un procedimiento penal. Frente a la cada vez mayor extensa interpretación del concepto de materia penal, la necesidad de reconocer el derecho a guardar silencio se plantea hoy también en el contexto de procedimientos administrativos punitivos, planteando diversas cuestiones problemáticas. El presente trabajo comenta la ordenanza de reenvío prejudicial con la cual la Corte Constitucional italiana solicita a la Corte de Justicia de la Unión Europea un pronunciamiento sobre la legitimidad de la sanción para el caso en que la persona acusada por parte de la Consob rechace colaborar con la esta autoridad. Después de haber examinado las posibles decisiones que podría adoptar la Corte de Justicia de la Unión Europea, el análisis concluye con una reflexión sobre la sostenibilidad del derecho procesal “alargado” predicado por la doctrina Engel.
Con la ordenanza n. 117 de 2019, la Corte Constitucional examinó la aplicación del derecho a permanecer en silencio en los procedimientos administrativos destinados a la imposición de sanciones punitivas. En dicha ocasión, la Corte parece haber interpretado la disposición constitucional en cuestión a la luz del derecho supranacional, redefiniendo el concepto de procedimiento del artículo 24. El presente trabajo examina las consecuencias de la ordenanza, considerando la relación entre el sistema nacional e internacional en relación al derecho a guardar silencio. En esta perspectiva, la autora analiza, en particular, la posibilidad de extender el derecho a guardar silencio a todos los procedimientos administrativos, con prescindencia de la sanción a imponer.
La jurisprudencia italiana de los últimos años parece cada vez más orientada a reconocer a la jurisdicción ejecutiva amplias posibilidades de intervención correctiva y manipuladora de la pena infligida con la sentencia de condena. Esto, creando un efecto de “división” sustancial entre el juicio de comprobación de la responsabilidad y el de aplicación de la sanción, evoca fuertes sugerencias comparativas con el sistema procesal bifásico de la derivación angloamericana. En esta perspectiva, el presente trabajo se propone verificar si el mencionado fenómeno evolutivo representa un nuevo intento, por parte del proceso penal italiano, de acercarse al modelo acusatorio del Common Law o si constituye, más bien, el reflejo de su propio e irreprimible carácter inquisitivo
El presente trabajo analiza el recurso a los nuevos medios de investigación de la prueba digital en el ámbito del proceso penal. Luego de una primera parte critica, en la cual se evidencian los principales problemas de la actual regulación, el autor prosigue con un enfoque propositivo, intentando delinear los atributos comunes a una categoría de operaciones particularmente invasivas, respecto a las cuales sería positivo prever algunas garantías.
A pesar de la práctica generalizada, es solo en los últimos tiempos, también gracias al acalorado debate provocado por algunos juicios del Tribunal Supremo italiano, que la atención de los intérpretes se ha centrado en el c.d. software espía, un virus con capacidades intrusivas formidables, que se inocula remotamente en un dispositivo informático y que permite realizar numerosas actividades de investigación con métodos tecnológicamente avanzados. El alcance del potencial investigativo del instrumento no parece haber sido entendido por el legislador que, recientemente, ha regulado su uso investigativo exclusivamente como una herramienta para interceptar las comunicaciones entre los presentes. De hecho, la intervención del legislador debe considerarse inadecuada con respecto a la protección de los derechos fundamentales en juego, especialmente porque algunas de las funciones más invasivas no están reguladas.
El presente trabajo tiene por objeto examinar las principales cuestiones relacionadas con el acceso transfronterizo a evidencia electrónica, tema de creciente relevancia en consideración a la problemática interacción entre la limitación de la jurisdicción estatal y la desmaterialización de los datos informáticos. El articulo aborda principalmente las recientes propuestas de reglamento y directiva de la Unión Europea en materia de ordenes europeas de producción y conservación de evidencia electrónica. A continuación, se analizan algunos de los principales problemas relativos a la relación entre la Unión Europea y terceros estados en asuntos de acceso transfronterizo a evidencia electrónica. Posteriormente, se efectúan algunas consideraciones finales sobre el nuevo modelo de cooperación directa con los proveedores de servicios de internet establecidos fuera de la jurisdicción estatal.