La discusión respecto al estatus penal de la conducta de infracción de toque de queda y cuarentena en tiempos de Covid-19 se ha vuelto intensa en el Chile bajo pandemia. El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública han sostenido tesis contrapuestas y el asunto ha terminado por interesar al legislador, quien recientemente dictó una ley para “zanjar” la discusión (ley no 21.240 de 20 de junio). El autor ofrece aquí una síntesis del contexto, revisa críticamente los contenidos sustantivos de la nueva ley y ofrece propuestas de interpretación muy concretas (con esquemas de casos). La contribución sirve a la vez para recuperar el valor funcional del viejo y “denostado” art. 318 CP. En dos palabras: el legislador persevera en una perspectiva angosta del asunto (aquella centrada en la conducta de los ciudadanos), antes que atender al problema en su dimensión institucional.